Comisión de Agricultura aprobó el nuevo tope máximo por infracciones en la producción de vino. Se solicitó, entre otros, no castigar proporcionalmente errores involuntarios de las más grandes empresas, así como un mes o más para especificar indicaciones junto a asesores.

Este lunes la Comisión de Agricultura del Senado se reunió una vez más para escuchar diferentes propuestas de la Industria del Vino, con el fin de votar el proyecto que buscaba aumentar las multas por infracciones en la producción de vino a un máximo de 5.000 UTM.

Después de que la semana pasada le tocara presentar su postura al SAG y a las agrupaciones de pequeños productores VIDSeca y Coalición Nacional de Viñateros, este lunes  fue el turno de la Asociación Vinos de Chile y del Colegio de Agrónomos de Chile.

Federico Mekis, abogado de Vinos de Chile, en nombre ésta agrupación partió las exposiciones, destacando: “Vinos de Chile, asociación gremial que representa el 95% de las exportaciones vino embotellado chileno, y cerca de la misma cantidad de las ventas nacionales, en última reunión de Directorio decidió apoyar con entusiasmo y decisión este proyecto sometido a discusión. Sí, agregó, haríamos una prevención por la importancia de las multas».

Mekis explicó que la solicitud de Vinos de Chile en particular, es tener en cuenta en su aplicación, el valor de la infracción cometida y no sólo el tamaño de la empresa. Ya que, explicó Mekis, mientras la empresa es más grande más posibilidades de errores existen. “Entonces no sería, creemos justo, que se aplicarán en función del porte de la empresa sino de la infracción cometida”.

Sugerencia a la cual respondió el presidente de la Comisión Juan Castro Prieto: “Yo puedo pensar que mientras más grandes las empresas, tienen mayor tecnología y profesionalismo, y menos errores deberían cometer”.

El Senador Jorge Pizarro, consultó a continuación, si Vinos de Chile tiene ya alguna sugerencia para complementar su solicitud. “La lógica del proyecto, dijo Pizarro, es que mientras más grande la empresa, tiene más responsabilidad. Aquí lo que se busca es sancionar, lo que no se condice con el producto y si hay un engaño».

«Lo que pensamos, respondió Mekis, es que debe ir de acuerdo al criterio de la infracción. Porque las empresas grandes igual cometen errores, y la norma, que parece bien intencionada… si se aplica sólo en función del capital, puede terminar en una injustica. Nadie levanta este porte de industria, con cerca de dos mil millones de vino embotellado, que llega a 1800 millones de consumidores al año… No estamos haciendo la actividad y alentando ningún tipo de fraude, pero puede involuntariamente ocurrir; para eso es la prevención”. Mekis agregó para concluir: «No crean que buscamos que se rebajen las multen, mientras más sana y seria la industria mucho mejor para el conjunto de la industria y del país».

El siguiente expositor fue el Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Jorge Wicha (en la foto), quien agradeció  la oportunidad de exponer su punto de vista, ya que les  interesa el desarrollo del sector y su imagen.

“El liderazgo productivo se encuentra en manos de nuestros profesionales, agrónomos y enólogos, y creemos que el sector debe ser regulado por un marco normativo riguroso, transparente,  que sancione las malas prácticas. Lo que es diferente a los errores involuntarios».

Wicha se refirió a malas prácticas como hacer vino de las variedades que no son las autorizadas o adicionar elementos que adulteren o agranden el vino, «para hablar en buen chileno», dijo. Estas prácticas, explicó, atentan contra la calidad de la cadena de suministros, que involucra todo lo que es producción del vino. Por ello, agregó, nos parece imprescindible actualizar y modernizar las normas requeridas, con sanciones administrativas. Enumerando a continuación la propuesta de cuatro puntos:

• Creemos que el marco normativo debe concentrarse en fortalecer las capacidades fiscalizadoras del SAG, presidiendo del mecanismo de denuncia ciudadana al cual se refiere el proyecto. Creemos, explicó, que el SAG sigue siendo y será el organismo del Estado que debe fiscalizar este problema, pero la delación se puede prestar fines ajenos al objetivo principal, vinculándose a otras cosas, como conflictos de intereses, e incluso venganzas personales. Se dice, agregó que si existe falta de presupuesto para que el SAG cumpla sus funciones, entre otras situaciones, y que justifican tan pocos funcionarios para fiscalizar, pero eso es un tema distinto sobre quién debe fiscalizar.
• En relación al nivel máximo de sanciones (el cual les parece adecuado) la escala de la proporcionalidad debe ser definida sobre la base de criterios objetivos respecto a la acción delictual. En algunos casos la magnitud del delito puede ser tan grande, que el nivel máximo podría ser incluso irrelevante, en comparación al daño producido. «Creemos que la naturaleza de ciertos daños, en especial los que afectan a la salud humana, y no sólo hablamos de un producto más malito; incluso podrían aplicarse sanciones de carácter criminal. Obviamente, agregó, este tipo de casos ya no los llevaría el SAG».
• Por último, en la actualidad existen medios técnicos, análisis molecular, geo referenciación, que permiten una trazabilidad efectiva de los procesos productivos. Ellos, deberían ser obligatorios por las empresas que se dediquen a la producción de vino. Todo ello, considerando que el vino también es un alimento.
• Para terminar, Wicha propuso un mecanismo de revisión periódica de la Ley de Alcoholes, atendiendo a la relevancia de los cambios del entorno. “Me refiero, explicó, al uso de nuevas variedades que al no encontrarse en la ley (Decreto 464) se encuentran limitadas a su uso. Lo que también disminuye nuestra productividad o diferenciación, al no poder usar nuevas variedades que podrían ser creadas. Por otro lado, nos encontramos con un sola variedad pero que tiene tres nombres, lo que se ve muy feo desde fuera para los especialistas».

En definitiva, concluyo Wicha, estamos de acuerdo con la modificación, pero sostenemos que se debe ampliar su alcance y no podemos olvidar que el objetivo es la protección de las empresas y sus asociados, porque hay muchos pequeños productores, y es importante la influencia de la pequeña agricultura, y de sus trabajadores, quienes realizan el esfuerzo para el éxito del sector.

Habiendo terminado las dos audiencias para este proyecto, «destacó la secretaria de la comisión», se procedió a votar. El resultado fue cinco votos a favor por unanimidad.

La Senadora Carmen Gloria Aravena, tomó la palabra para solicitar más tiempo de lo normal para coordinar con los equipos de asesores el trabajo de las indicaciones del proyecto. “Dado los análisis que se han hecho acá, hay varias consideraciones que son importantes tenerlas a la vista para poder incorporar ciertas temáticas que no estuvieron originalmente. «Dada la importancia del tema solicitaría que no fuera poco al tiempo, sino un mes y medio», dijo.

El presidente de la comisión, en tanto, solicitó que los asesores vayan trabajando con el ejecutivo: “La semana pasada, dijo, tuvimos un insumo bastante bueno y espero que se vaya en conjunto trabajando el tema con los asesores para llegar a una buena terminación de este proyecto. Debemos esperar sus recomendaciones para seguir avanzando en esto”.

Andrés Meneses, abogado del Ministerio de Agricultura (ausente en la sesión anterior, al igual que otros dos senadores de la comisión) destacó estar de acuerdo con Aravena en pedir más tiempo para trabajar con asesores. Meneses destacó que el Misterio de Agricultura apoya este proyecto y que ya han logrado avanzar junto a los asesores muy bien con otros proyectos relacionados.

La gran pregunta que queda ahora en el aire, más allá de «la vinculación del fraude intencional reiterado relacionada con los precios bajos de las uvas; es quiénes son los asesores con quienes se discutirán las especificaciones. También, si será incluido el uso fraudulento de los nuevos sistemas georeferenciales del SAG, los que quedan sujetos a buena fe de los declarantes; o el error intencional en el uso de variedades no autorizadas o intencionalmente mal registradas. Así como el uso de agua en el vino, ya sea agua no vegetal o vegetal considerando que bien podría ser ésta usada intencionalmente como residuo de mosto concentrado para «agrandar» vinos.

En buen chileno: El problema está y todos los saben; se requiere de la voluntad de todas las asociaciones que han expuesto con el fin de aprobar este proyecto, para poder resolverlo.

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