Esta es la gran pregunta que quedó en el aire al finalizar la sesión realizada ayer en el Senado para estudiar Proyecto que busca modificar Ley de Alcoholes con respecto de las sanciones administrativas.

El lunes 24 de mayo a las 12:00 horas se transmitió en vivo la sesión de la Cámara del Senado para estudiar Proyecto de Ley que modifica la Ley de Alcoholes con respecto de las sanciones administrativas. Después de exponer todos los asistentes on-line, dos Senadoras presentes destacaron la importancia de vincular esta modificación en estudio, con los temas expuestos por representantes de pequeños productores de Chile, tales como: actuales bajos precios de las uvas, prohibición de uso de nombre de ciertas variedades en las etiquetas junto a sus D.O, y permiso de sí usar otras uvas corrientes como tintoreras; también, la fiscalización de uvas de mesa y el uso de agua para la elaboración de vino y bajar su grado alcohólico.

A la sesión de casi dos horas, estaban invitados el Asesor del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses; el Director del Servicio Agrícola y Ganadero; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; el Presidente de la Asociación de Vitivinicultores del Secano de Cauquenes, VidSeca A.G., Felipe Zúniga; la Coordinadora de Coalición Nacional de Viñateros, Yenny Llanos y el Profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, Paco González.

Participaron los Senados María Loreto Carbajal, Carmen Gloria Aravena y como presidente Juan Castro Prieto.

Si bien como WiP no pudimos estar presentes desde inicio de la sesión, escuchamos la parte final de la presentación de Joaquín Almarza, quien participó en Representación del SAG a favor de subir las multas a un máximo de 5.000 UTM. Al mostrar un resumen de las multas cursadas en últimos años, destacó el actual jefe de la Subdirección de Vinos y Bebidas alcohólicas del SAG, que en la actualizad las sumas de las multas son tan bajas (a excepción de sólo una de ellas) que incitan a no cumplir las reglas. A la vez destacó Almarza, la importancia del nuevo sistema satelital a implementar por el SAG, y que permitirá la fiscalización de hectáreas plantadas a lo largo de todo Chile.

En contraparte, se recibió la recomendación de no subir los máximos a las multas hasta las 5.000 UTM, pues o serviría de mucho, con el argumento de que por lo general los jueces se inclinan por los castigos más bajos.

Para fundamentar la subida del monto de las multas en tanto, Paco González, presentó ejemplos de multas por mismas faltas en etiquetado o falsificación aplicadas en otros países, como España, Argentina y Australia. Llamó la atención particularmente, de su exposición además de los bajos montos, que en Argentina, por no cumplir con reglas de etiquetado o negarse a recibir fiscalizadores, haya castigado con días de cárcel. Lo que no ocurre, por ninguna causa, en las multas de Chile. En este sentido, se propuso diferenciar multas según la gravedad, capacidad de pago de cada empresa y las consecuencias de la falta, además de la repetición reiterada del delito. Vale destacar, que no es lo mismo causar intoxicación o hacer fraude intencional con uvas de mesa o agua, que colocar erradamente un dato sobre variedades o D.O. en las etiquetas.

Felipe Zúñiga, presidente de ViDSeca en tanto, sumó argumentos para subir valor de las multas a cantidades que sean realmente dolorosas de pagar y así evitar el fraude. Poniendo como ejemplo, la plantación de viñedos en un predio del Maule considerado Reserva Ecológica tras años de estudios. Según explicó Zúñiga, la venta de carbón de espino arrancado del predio para plantar los viñedos, no superó siquiera la multa que se pagó por ignorar los estudios de Impacto Ambiental.

Zúñiga destacó además, el elevado volumen de vinos de uva de mesa que se elaboran en el país y su venta bajo certificados de D.O. falsos. También, la prohibición de usar cepas “patrimoniales” en las etiquetas junto a sus D.O.; así como el uso de cepas tintoreras en la elaboración de vinos finos. Destacando, que Chile es el único país productor de vinos, con dos categorías de uvas para vinos: corrientes y finas o nobles.

Zúñiga destacaría a su vez la importancia de que el SAG tenga realmente herramientas y recursos para fiscalizar, antes de subir multas ante la incapacidad actual de demostrar el fraude. Zúñiga invitó por ello a hacer cambios profundos en el Decreto 464, el cual regula todo lo anterior.

Cabe destacar que la Senadora Carmen Gloria Aravena destacó que siendo el Decreto 464 tan sólo un Decreto, no requiere de fuerza de Ley para ser modificado. Por lo tanto, dejó abierta la puerta para su evaluación y modificación.

Cabe destacar que la Senadora Carmen Gloria Aravena destacó que siendo el Decreto 464 tan sólo un Decreto, no requiere de fuerza de Ley para ser modificado. Por lo tanto, dejó abierta la puerta para su evaluación y modificación.

Ante la consulta de Senadores sobre la posibilidad de Fiscalizar el uso de uvas de mesa para elaboración de vino fino, Joaquín Almarza explicó más tarde durante la sesión, que el estudio sobre tipificación de variedades y vinos que lleva a cabo actualmente el INIA, fue diseñado en esa dirección.

Después de problemas técnicos para poder ser escuchada, fue el turno a exponer de Yenny Llanos, quien hizo un repasado de los años que lleva la organización que representa, Coalición Nacional de Viñateros desde Valparaíso a Biobío, pidiendo estudiar el problema de los bajos precios de las uvas, debido, tal como expuso a poderes compradores moonopólicos. Llanos destacó a su vez, los problemas que en su minuto sí observó la Fiscalía Nacional Económica; la falta de información a tiempo aportada por el SAG y ODEPA para poder tomar decisiones, así como los balances positivos de las empresas que considera monopolios. Las mismas, expuso, que establecen el precio de las uvas para toda la industria y que desde hace años no cubren los costos de producción. Todo lo que, agregó, sería la causa de arranque de viñedos y desaparición de pequeños productores, especialmente en la zona centro-sur de Chile.

Si bien, el presidente de la sesión Juan Castro Prieto, pidió no mezclar temas, para poder avanzar en el proyecto que busca subir el monto de las multas a 5.000 UTM, las otras dos Senadoras pidieron vincular todos los temas expuestos. Y, tal como pidiera Aravena, organizar una próxima reunión para el lunes siguiente a la misma hora, junto a todas las partes involucradas: poderes compradores, expositores de la sesión, Fiscalía de la República y el Asesor del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, quien no se hizo presente en esta sesión.

Cabe mencionar que el presidente de la comisión, Juan Castro Prieto, mencionó en varias oportunidades la importancia de proteger la imagen de Chile y del vino chileno en el extranjero, de ser cierto las irregularidades expuestas.

Al final de la sesión, Yenny Llanos destacó a WiP que la sesión en la Cámara del Senado -a la cual fueron invitados por la Senadora  Carvajal como Coalición de Viñateros- fue importante para mantener este tema sobre la mesa, ya que volverán a denunciarlo ante la Fiscalía Nacional Económica y pedir explicación o pronunciamiento de lo denunciado y preguntado en 2018. «Lo vamos a sacar por cansancio», concluyó.

Zúñiga en tanto, comentó a WiP sentir tras la sesión de ayer una voluntad para regularizar esta situación súper irregular, pero a la vez tener miedo de que una vez más las buenas intenciones se diluyan, aplazándose de la mano de nuevos actores y voluntades.

Próxima sesión lunes 31 de mayo están invitados a exponer, a la misma hora, entre otros Colegio de Agrónomos de Chile y Vinos de Chile. 

Pueden ver aquí sesión grabada.

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